La transformación de la sociedad actual, con la incorporación de la tecnología de la información y comunicación, ha comenzado ha ejercer gran influencia en la vida política, económica y social de los pueblos, introduciendo nuevas formas y hábitos en las sociedades. Del mismo modo, esta tecnología de punta o alta tecnología, son de uso frecuente en la administración pública, que enfrenta una organización burocrática copiada de antiguas estructuras que fueron creadas en un mundo intelectual anterior a Marx, a Darwin, y anterior a Einstein, siendo verdaderamente asombroso que en la actualidad continúe funcionando. Venezuela hoy, puede considerarse a la vanguardia en América Latina, en lo que respecta a la incorporación de estas valiosas herramientas en la mayoría de sus ámbitos políticos, económicos y sociales, elaborando estudios para conocer ampliamente las implicaciones que tiene en nuestro país y las alternativas de políticas que asume el gobierno nacional, para orientar su organización y su utilización en los planes de desarrollo y progreso del país. Es así, que hoy tenemos en vigencia normas tendientes a regular, proteger, orientar, estimular y salvaguardar los derechos ciudadanos, limitar los impactos sociales negativos, orientando su uso hacia aplicaciones de interés nacional y utilizarla para mejorar sus resultados en la sociedad venezolana, con el fin de lograr un comportamiento homogéneo y saludable para el desarrollo y la economía. La Ley Orgánica de Administración Pública, la Ley Sobre Delitos Informáticos, el Decreto Ley sobre Internet, el Decreto Ley sobre Comercio Electrónico y lineamientos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, constituyen un avance extraordinario de regulación sobre este fenómeno contemporáneo que repercute positivamente en el desarrollo de las naciones. De la actitud que asumamos frente a este complejo fenómeno, dependerá casi por completo su efectividad como novedoso instrumento de desarrollo, no solo en la acción de modernizar y desarrollar la administración pública, a la definición de directrices de comportamiento y actuación del funcionario público, y del ciudadano como eje central de la función pública, sino a estimular y orientar al medio social y político nacional para que sea favorable a la producción y utilización de la tecnología de información y comunicación.
Euclides Quevedo Abril 